Tlaxcala Tlaxc, viernes 10 de Febrero 2013
Por: Alfredo González
Integrantes del Consejo Ciudadano Intermunicipal en Defensa del Territorio Tlaxcalteca presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de los gobiernos de Tlaxcala y Puebla por el no cumplimiento de la Ley y su falta de intervención para desalojar a los invasores de predios del cerro San Salvador Tepexco, en el municipio de San Pablo del Monte.
El presidente de la organización social, Héctor Joseph Cid, explicó que el gobierno de Mariano González Zarur, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ha incumplido la ejecución de 17 órdenes de aprehensión obsequiadas por el juez cuarto de lo penal del Distrito de Guridi y Alcocer, en contra de igual número de líderes de las agrupaciones «Antorcha Campesina» y «28 de Octubre», que provocaron la ocupación de 35 hectáreas en territorio tlaxcalteca.
De igual forma, la administración de Rafael Moreno Valles Rosas, no ha extendido una orden de desalojo dictada por una autoridad judicial en esa entidad. La queja quedó registrada bajo el número 14055/CNDH y el próximo jueves vendrán a Tlaxcala visitadores nacionales a iniciar las investigaciones y corroborar la legal propiedad de los inconformes.
En rueda de prensa realizada este domingo, Joseph Cid, acompañado de un grupo de propietarios despojados, informó que el viernes pasado un grupo de 200 afectados acudió a la Secretaría de Gobernación (Segob). Ahí fueron atendidos por el responsable de Atención a Organizaciones Sociales de la Presidencia de la República, Francisco Yáñez Zenteno, quien escuchó el planteamiento y ofreció atender la situación.
Joseph Cid aseguró que el gobierno Federal estaría dispuesto a intervenir, siempre y cuando haya una solicitud oficial por parte del mandatario estatal, pues se tendría que montar un operativo policiaco de desalojo en coordinación con las autoridades locales. Mientras tanto, fue el visitador nacional, Jaime Cruz Briones, quien tramitó la queja en la CNDH.
Adicionalmente, adelantó que el próximo martes, el Consejo Ciudadano Intermunicipal presentará una denuncia por delincuencia organizada ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra los paracaidistas, ya que portan armas de uso exclusivo del ejército, incluidos radio de comunicación, en una zona donde cruzan ductos de Pemex y presuntamente ya los estarían «ordeñando».
«Lamentablemente las autoridades de Tlaxcala están rebasadas por el conflicto que comenzó desde noviembre del año pasado. Dicen que por falta de elementos policiacos no tienen la capacidad de desalojar a los más de dos mil 800 paracaidistas y por eso tampoco la Procuraduría (del Estado) ha querido cumplir las órdenes de aprehensión», señaló.
Héctor Joseph sostuvo que el problema tiende a agravarse mientras las autoridades tarden más en intervenir, pues– reveló – los invasores «nos han amenazado de muerte» y los 350 pequeños propietarios afectados ya analizan acciones propias mediante asambleas comunitarias en San Pablo del Monte, para tener por lo menos el apoyo solidario de la población.