Dado que el servicio de transporte público en mototaxis no está previsto por la ley, los operativos para detectar unidades que practiquen este tipo de traslados, no serán suspendidos, así lo comentó la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), Gisela Santacruz Santacruz, a un grupo de personas que exigen cancelar las acciones de detención de unidades vehiculares al margen de la legalidad.
En el encuentro, Santacruz Santacruz puntualizó que los operativos continuarán, siempre con estricto apego a la ley.
Así que, bajo esta circunstancia, anunció que las revisiones continuarán de manera permanente, a fin de dar cumplimiento a la ley en la materia, por lo que en caso de reincidencia serán retiradas las unidades de circulación.
De esta forma, Santacruz Santacruz refrendó el compromiso de la presente administración estatal, que encabeza Mariano González Zarur, por hacer valer el Estado de derecho.
El Código Penal del Estado refiere que al propietario de un vehículo o al que por cualquier medio ayude, instigue, permita u ordene la prestación del servicio de transporte sin contar con la autorización, concesión o permiso correspondiente, otorgado por la autoridad competente, se le impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de cien a ciento cincuenta días de salario.