Tlaxcala/02 de diciembre de 2016
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) suspendió el aprovechamiento forestal maderable y la ejecución de los programas de manejo forestal en los ejidos Toluca de Guadalupe, Buenavista y San Felipe Hidalgo, en los municipios de Terrenate, Altzayanca y Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, respectivamente.
En visitas de inspección, personal de la Delegación de la PROFEPA en la entidad constató irregularidades en los citados ejidos, principalmente actividades de aprovechamiento de recursos forestales maderables fuera de las poligonales autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Así como incumplimiento en los programas de manejo forestal al afectar arbolado de Pinabete (Pseudtsuga menziesii) con estatus de Protección especial (Pr) dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM 059-SEMARNAT-2010.
Además, la requisición y expedición inadecuada de formatos de remisión forestal para acreditar el trasporte de materias primas forestales, así como carecer de un libro de registro de salidas de la madera.
También el incumplimiento de los programas de cortas autorizadas respecto a volúmenes por género y superficies; e incumplimiento al control de desperdicios derivados del aprovechamiento maderable.
Ante ello, la PROFEPA inició los procedimientos administrativos correspondientes en contra de los titulares de las autorizaciones y responsables solidarios en dirigir la ejecución técnica de los programas de manejo forestal.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable Artículos 73 y 163 fracciones VI, XV y XXIII que establecen como infracciones a la Ley: el incumplimiento de las condicionantes señaladas en las autorizaciones de los programas de manejo forestal; realizar actos u omisiones en la prestación de los servicios técnicos que propicien o provoquen la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en la Ley, así como requisitar inadecuadamente la documentación o sistemas de control establecidos para el transporte o comercialización de recursos forestales.
Cabe señalar que los infractores podrían ser acreedores a multas equivalentes de 40 a 1000 y de 100 a 20,000 Unidades de Medida y Actualización por las irregularidades cometidas en las actividades de aprovechamiento forestal maderable y la ejecución de los programas de manejo forestal.