Tlaxcala, Tlax; a 14 de marzo de 2017.- Redacción
La Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, Adriana Dávila, lamentó el fallecimiento de más de 39 niñas y adolescentes en el refugio “Hogar Seguro, Virgen de la Asunción”, en Guatemala; derivado de la negligencia del Gobierno guatemalteco para supervisar los lugares de atención a víctimas de algún delito y cuyas condiciones son de vulnerabilidad.
Señaló que lamentablemente, ante la falta de vigilancia y seguimiento de albergues, refugios y casas de atención a grupos vulnerables y víctimas de algún delito, ya sea manejado por el Estado o bien por la Sociedad Civil Organizada, casos como este se han repetido en muchos lugares del mundo y México no es la excepción.
Recordó que en nuestro país casos similares que se han suscitado, se mantienen aún en la impunidad, basta con recordar al menos “Casitas del Sur” en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y “La Gran Familia” en Michoacán, que no obstante denuncias de maltratos, abusos físicos y otros delitos como la trata de personas con fines de mendicidad forzada, prostitución forzada y adopciones ilegales, presentadas incluso 20 años atrás; hasta la fecha no hay claridad de que se haya hecho justicia para las víctimas e incluso se desconoce el paradero de muchas de ellas.
Por ello, la legisladora exigirá al Gobierno Federal el cumplimiento inmediato del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, especialmente lo relativo a promover los sistemas de rendición de cuentas y acceso a la información en materia de trata de personas, cuyo indicador es la implementación del Sistema Informático para integrar datos asociados a la trata de personas.
Propondrá además, la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a los refugios tanto públicos como privados que atienden a víctimas de trata de personas; pues aunque en el caso de México, estos lugares están obligados a informar sobre las acciones y el destino de los recursos públicos y privados que reciben, así como los mecanismos de atención a víctimas, no basta con dar por cierto que los datos otorgados sean veraces y se esté cumpliendo con los objetivos planteados.
Para evitar este tipo de tragedias, es necesario que además de la implementación de protocolos de supervisión de estos lugares, se establezcan a la brevedad programas efectivos de prevención; pues basta con reiterar que la Auditoría Superior de la Federación evidenció las deficiencias de la autoridad federal en este sentido. Aunado a lo anterior, es lamentable que ante la omisión de las autoridades -especialmente en las entidades federativas- la responsabilidad de la atención a víctimas la transfieran a la sociedad civil organizada sin ningún protocolo que permita conocer la efectividad en el tratamiento y atención a víctimas.
De ahí la importancia del nombramiento que el Senado hará respecto del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues la reparación integral del daño no puede reducirse a una retribución económica.
“Estas tragedias se pudieron evitar, de haber atendido con prontitud las denuncias, quejas y señalamientos sobre cómo operaban estos lugares” finalizó la legisladora federal.