CDMX.- 12 de julio de 2017
Grave es la preocupación del gobierno de la Ciudad de México, debido a los vacíos que existen en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, sobre la portación y posesión de armas de fuego, ya que a que los detenidos por este delito, son puestos en libertad porque el ilícito no es considerado como grave y al ser liberados, vuelven a delinquir y por ende, la incidencia delictiva no se puede erradicar.
Ante tal situación, tanto el ministerio público federal como los jueces no pueden retener a quienes son puestos a disposición de las policías, si no están relacionados con delitos graves, como delincuencia organizada, homicidio, lesiones dolosas, secuestros, aunado a la portación de armas de fuego.
Ello, ha traído como consecuencia que el jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera Espinosa, promueva modificaciones para regular y endurecer la ley, para quienes porten armas de fuego; sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales asegura que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, no es responsable por el aumento de los delitos.
Sólo por poner un ejemplo de cómo gente ligada a la delincuencia organizada que utiliza armas de alto poder son puestos en libertad, el pasado 12 de mayo del presente año, la juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, María Elena Cardona Ramos, dejó en libertad a cinco personas que la PGR señaló como escoltas del narcotraficante Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”.
María Elena Cardona Ramos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, dictó el auto de no vinculación a proceso a los acusados y, al mismo tiempo, ordenó a la PGR investigar posibles hechos de tortura en agravio de Ramón Arrellanes Almazán, Juan Enrique Rodríguez Acosta, Jesús Alejandro y Trinidad Francisco García Parra, originarios de Sinaloa, así como Jorge Tovar Calleros, originario de Jalisco, quienes abandonaron el Reclusorio Sur, pese a que existían otros delitos que los relacionan con la delincuencia organizada.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) los acusó de delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, portación y posesión de armas de fuego, así como posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército. Ello por el aseguramiento de 4 kilos 920 gramos de metanfetamina, 12 gramos de cocaína y 805.7 gramos de una mezcla de cafeína con metanfetamina, así como de 2 armas largas, 2 cortas, 160 cartuchos útiles, 2 granadas, un lanzagranadas y 8 cargadores.
El Informe Policial Homologado refiere que el pasado 4 de mayo, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) realizaban un rondín de vigilancia, cuando detectaron a un sujeto armado afuera de la casa de Almenas 85, entre Pérgolas y Vitrales, en la Colonia Jardines del Sur, Delegación Xochimilco. Pese a todo ello, estos cinco integrantes de la delincuencia organizada y vinculados con el Cártel de Sinaloa, están libres.
Otro ejemplo de cómo los detenidos en posesión de importantes cargamentos de armas de fuego son puestos en libertad, es el de Gabriel Reyes Rodríguez de la Vega, quien fue detenido el pasado 4 de junio en la calle de Cerezas esquina con Tlacoquemécatl, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, con de armas y explosivos.
La detención se dio, cuando el imputado metía unas mochilas con armas a un vehículo Mazda con placas K44-APD. Al realizar una revisión de seguridad en las mochilas y el vehículo, se encontraron diversos artefactos, explosivos, armas y material bélico, por lo que es puesto a disposición del ministerio público federal, donde se inició la carpeta de Investigación CI FED/CDMX/SZC/0006880/2017 por el delito de acopio de armas.