30/05/2018/TLAXCALA/Misael nava Corona
El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Estado de Tlaxcala, presentó su Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2017.
En el salón rojo del Congreso del Estado, ante los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, la auditora superior del OFS, María Isabel Delfina Maldonado Textle hizo entrega de los 105 informes en los que están incluído los tres poderes del estado además de cuatro dependencias mas del Ejecutivo: SECTE, SEPE, PGJE, y SECODUVI.
De igual manera en dicho informe se integran 32 entidades paraestatales, seis organismos autónomos, los 60 municipios y cuatro comisiones de Agua Potable y Alcantarillado.
Maldonado Textle acotó que en el caso del municipio de Ixtenco se entrego el informe con abstención de opinión debido a la situación socio-política reciente además de que la misma sera entregada en días próximos para su revisión.
Del informe se desprende la revisión a 60 entes municipales y 40 estatales, además de que se fiscalizaron 65 fuentes de financiamiento, que conllevo a la realización de 590 auditorías.
La auditora superior subrayó que se realizaron 908 pliegos de observaciones, 212 a entes estatales y 696 municipales.
En observaciones y solventaciones, señaló que de las 14 mil 750 observaciones realizadas en total, tres mil 489 observaciones emitidas corresponden a los entes estatales, de las que se solventaron mil 549, en tanto de las 11 mil 261 observaciones emitidas a entes municipales, sólo se solventaron tres mil 891, lo que sumó un total de cinco mil 440 observaciones solventadas, y nueve mil 310 no solventadas.
Maldonado Textle expresó que existió respuesta favorable en la solventacion de observaciones por parte de todos los entes fiscalizables, respecto a ejercicios anteriores, principalmente en las observaciones de probable daño al patrimonio.
Finalmente agradeció a la LXII Legislatura por permitirles realizar su trabajo con absoluta independencia, en tanto refrendó el compromiso que tienen como órgano técnico del Congreso del Estado para que la fiscalización contribuya a aminorar prácticas ilegales y fortalezca la rendición de cuentas.