Los equipos de rescate sacaron este miércoles dos cadáveres más de entre las toneladas de concreto y hierros retorcidos del tramo del puente de una autopista que colapsó en la víspera en Génova, en el noroeste de Italia, elevando a al menos 39 la cifra de víctimas mortales.
El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, confirmó que 39 personas perdieron la vida y otras 15 resultaron heridas en la tragedia. Entre los fallecidos había tres niños, dijo el ministro del Interior, Matteo Salvini.
En el Vaticano, el papa Francisco rezó por las víctimas del accidente y expresó su “cercanía espiritual” con las víctimas, los heridos y sus familias y con los cientos de residentes que tuvieron que desalojar sus casas en la zona.
Equipos de rescate rastreaban entre los escombros, mientras el Gobierno culpa al propietario privado de la estructura, pidiendo dimisiones y dando pasos para quitarle su concesión de peaje.
El puente de 50 años, parte de una autopista de peaje que une la ciudad portuaria de Génova con el sur de Francia, se derrumbó el martes durante una jornada de lluvias torrenciales, provocando la caída de decenas de vehículos al lecho de un río, una vía del tren y dos almacenes.
Mientras las grúas llegaban para desplazar trozos de cemento partido del tamaño de un camión, cientos de bomberos buscaban supervivientes, y el impacto y el dolor público se convertían en enfado por el estado del puente de 1.2 kilómetros de largo, terminado en 1967 y reformado hace dos años.
El estado del puente y su capacidad para soportar grandes aumentos de la intensidad y el peso del tráfico a lo largo de los años ha centrado el debate público desde el derrumbe, cuando cedió un trozo de 80 metros mientras autos y camiones lo atravesaban a la hora del almuerzo.
El vice primer ministro y ministro del Interior, Matteo Salvini, dijo que el gestor privado del puente había ganado «miles de millones» con los peajes pero «no gastó el dinero que se esperaba» y su concesión debería ser revocada.
Aparentemente hacía referencia a la empresa que tiene la concesión del puente, la italiana Autostrade, filial del grupo Atlantia.
«Lo mínimo es imponer los mayores castigos posibles y asegurar que aquellos responsables por los muertos y los heridos paguen por cualquier daño y delito», sostuvo.
El portavoz de los rescatistas Luca Cari señaló que 400 bomberos estaban en el lugar, levantando grandes trozos de cemento para crear espacios a fin de que los equipos de ayuda busquen supervivientes.
El ministro de Transporte comentó este miércoles que había iniciado un proceso para quitar la concesión a Autostrade y pidió la dimisión de los principales gestores de la empresa.
«Autostrade per l’Italia no fue capaz de cumplir con sus obligaciones bajo el contrato que regula la gestión de esta infraestructura», dijo Danilo Toninelli en el canal estatal RAI 1, añadiendo que buscaría aplicar grandes multas a la empresa.
Inspecciones estructurales
«He ordenado al ministerio que comience todos los procedimientos para aplicar el acuerdo, esto es revocar la concesión a estas compañías y buscar sanciones significativas que pueden alcanzar hasta 150 millones de euros basados en los términos del contrato», dijo el ministro.
Atlantia y Autostrade no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios.
El Puente Morandi, nombrado así por el ingeniero que lo diseñó, forma parte de la autopista A10 motorway gestionada por Autostrade. El trazado de 55 kilómetros de la A10 supone alrededor del 1.7 por ciento del tráfico de la red del mayor operador de peajes de Italia, según una estimación de un analista.
«Los principales gestores de Autostrade per l’Italia deben dimitir en primer lugar», indicó Toninelli en un mensaje en Facebook.
Añadió que el Gobierno inspeccionaría la estructura de puentes viejos y túneles a lo largo del país con vistas a lanzar un programa de reparaciones si es necesario.
Pocas horas después de la catástrofe, el Gobierno que asumió el poder en junio dijo que el derrumbe demostraba que Italia necesitaba gastar más en sus deterioradas infraestructuras, haciendo caso omiso de las restricciones presupuestarias de la UE si es necesario.
«Deberíamos preguntarnos a nosotros mismos si respetar esos límites es ahora más importante que la seguridad de los ciudadanos italianos. Obviamente, para mí no», dijo el vice primer ministro Salvini, líder de la Liga, un grupo de extrema derecha que forma parte de la coalición en el poder.