TLAXCALA/ 30 /JULIO/2020
Luis Martin Juárez Hernández
Han pasado cinco meses desde que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala suspendió las actividades jurisdiccionales en el Estado a efectos de que hubiese un control y reducir los riesgos de contagio para abogados, como personal judicial y ciudadanía en general, debemos tomar a esta acción como noble y responsable por parte del Tribunal y del Estado, pero que pasa con las personas que tienen esperanza en los abogados, buscadores de equidad y justicia, que digo, no todos buscan esos ideales, pero que la población busca tener un cobijo a través de estos juristas litigantes, nunca se consideró a esas personas, las que la misma sociedad o en muchos otros casos la propia familia vulneran sus Derechos como personas en específico, sobre sus Derechos reales.
Esa gente tiene que pagar renta innecesaria, o la que está en espera de un desalojo por ministerio de ley y se ven afectados en su patrimonio económico, lo anterior, por mencionar unos ejemplos de los muchos problemas que han transcurrido en estos 5 meses de cautiverio; hoy día, esa gente vulnerada no es tomada en cuenta, sin mencionar a los propios abogados.
Esta pandemia si bien es cierto, detuvo todo lo que a su paso, la justicia no fue la excepción, es lamentable que en estos 5 meses muchas personas están siendo afectadas en su patrimonio, posesiones y Derechos civiles, ojala el propio Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, haya implementado nuevos protocolos de consulta de expedientes, pues si bien es cierto, que la “normalidad” es el próximo 3 de agosto de la presente anualidad, también debió de servir este tiempo para ser más eficaz e implementar la digitalización de los expedientes, no es fácil, pero si necesario.
La justicia se vio vulnerable y seguirá con esa calidad aun cuando el día 28 de julio de la presente anualidad, el órgano jurisdiccional supremo en el Estado emitió un comunicado en el cual palabras más, palabras menos, los asuntos penales seguirán funcionando “con la supuesta normalidad sobre asuntos relevantes” pero lo más importante y que se considera este columnista en materia civil, se ve afectada pues algunas cuestiones de carácter personal como lo es el emplazamiento, diligencias, embargo y ejecución no se llevaran a cabo así de la misma manera en materia familiar, a excepción de casos vigentes, ampliando la suspensión de dichas actividades hasta 16 de agosto.
Resulta importante resaltar ante las líneas anteriores que con la nula actividad económica que existe en el Estado, dudo se tenga la economía suficiente para la ciudadanía para contratar un abogado y promover la acción que a su Derecho considere.
Puesto que la economía se ve afectada como la educación en el ámbito privado, que no condonan las cuotas de colegiaturas, mantenimiento, uniformes y pago de instalaciones.
A lo que quiero llegar es que, la sociedad con el mucho esfuerzo que se está realizando ante esta pandemia genera el recurso económico mínimo indispensable para pagar la educación de sus hijos. Sin omitir que muchas de ellas pagan rentas, y que hoy día se ven afectados como arrendadores y arrendatarios, y que muchos de estos de los arrendadores tienen juicios de desalojo y que no pueden realizar dichos desalojos por el comunicado que se ha hecho alusión, es por eso que el tema de esta columna es “La justicia, un daño colateral del Covid-19” pues es incierto hasta cuando se podrán llevar a cabo las diligencias y actividades que normalmente se llevaban a cabo… Así mismo los indefensos y buscadores de justicia y equidad no saben cuándo les será concedida dicha impartición por parte de los juzgadores y tribunales del Estado.
Es tangible este daño colateral para la justicia, que si bien es cierto, es lenta en la actualidad, esperamos no lo sea aún más, y podamos afrontar los nuevos paradigmas de esta pandemia y sobre todo que los justiciables, sean eso, JUSTICIABLES, que no retarden los casos y que estén preparados para los subsecuentes retos y no afectar a los que en verdad tienen una necesidad de que la justicia los ampare y proteja, pues en ella recae su confianza a través de los Tribunales, Jueces y Magistrados.
Lamentable este daño para Tlaxcala y la justicia, que esperamos se levanten de esta situación y de los retos que se avecinan, afrontarlos con decisiones firmes en pro de la sociedad en general.