Duda Maldonado Textle de legitimidad de medios de comunicación en Tlaxcala y atenta contra la democracia
Tlaxcala. A 23 de marzo de 2023. Jorge Lezama
La forma en que se ejerce el periodismo ha cambiado debido al impacto de las redes sociales en la actualidad, la digitalización de los medios de comunicación ha generado la proliferación de diversas plataformas a través de las que se hace llegar la información.
En Tlaxcala, hay más de 200 medios de comunicación entre impresos, digitales y de radio, según datos de Media Ranking y recientemente, aparentemente María Isabel Maldonado Textle, titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS) emitió una orden a algunos municipios de la entidad para comprobar la «legitimidad» de los medios con los que existen convenios de publicidad sobre los alcances de sus administraciones.
Aunque se le ha solicitado una copia de dicho documento, no la ha hecho llegar.
El OFS se basó en la Ley General de Comunicación Social, específicamente en el Título 1, Artículos 1, 2 y 3, para reconocer a los medios de comunicación tlaxcaltecas poniendo en tela de juicio la legitimidad y profesionalismo de quienes en ellos laboran.
Así, se ha solicitado inscripción en el padrón nacional de medios de comunicación, así como la documentación que acredite al prestador del servicio que cuenta con el perfil profesional; Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título expedido por el instituto nacional del derecho de autor INDAUTOR y Certificado de licitud de título y contenido expedido por la comisión de publicaciones y revistas ilustrativas.
Ojo, el padrón al que se hace referencia se específica sólo a medios impresos, no toma en cuenta a los medios de comunicación digital, y que decir de las demás plataformas, así que, ¿cuál es la intención de la titular de este órgano?.
Además como lo cita Artículo19, en las reformas a la Ley General de comunicación social tampoco hay diferencia entre tipos de medios de comunicación y otros medios de difusión, sumado a que no considera a las y los concesionarios de uso social comunitario y a los de uso social indígena, así que no es inclusiva.
Y es que de acuerdo con la Ley General de Comunicación Social, promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto en 2019, tiene como objetivo mostrar el cumplimiento de los criterios de eficiencia, economía y transparencia para evitar el exceso de presupuesto.
Sin embargo, esta ley solo se implementó en 2019 y no se volvió a considerar hasta 2023.
Así pues, la titular de este órgano, María Isabel Maldonado Textle parece estar interesada en involucrarse con los medios de comunicación, aunque hay asuntos más importantes en que debería ocupar su tiempo, como ponerse a trabajar y hacer rendir los más de 85 millones de pesos otorgados por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal de este 2023, que no son nada despreciables y aún así, dijo que son «insuficientes… pero es lo que les tocó».
Foto: E-Consulta