La cifra total de personas privadas de la libertad/internadas aumentó un 2.6% en comparación con el año anterior, llegando a 226,116 personas, de las cuales el 91.6% se encontraba en cárceles estatales y el 8.4% en cárceles federales.
El informe también señala que el 94.4% de la población en cárceles eran hombres, mientras que el 5.6% eran mujeres. Además, un dato alarmante es que el 39.0% de la población privada de la libertad/internada no tenía una sentencia. Para las mujeres, este porcentaje fue aún más alto, llegando al 49.3%.
Es relevante mencionar que el tiempo de espera por una sentencia también es preocupante, con el 26.7% de los hombres y el 29.7% de las mujeres esperando 24 meses o más por su sentencia.
El informe también destaca que, al cierre del año, 7,506 personas privadas de la libertad/internadas pertenecían a algún pueblo indígena, y las personas originarias del pueblo náhuatl representaban el 16.6% de esa cifra.
Estos datos ponen de relieve la necesidad de revisar y mejorar el sistema penitenciario en México, así como de garantizar el acceso a una justicia oportuna y equitativa para todas las personas. La sobrepoblación y la falta de sentencias justas son algunos de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia penal en el país. Es esencial que se realicen esfuerzos para abordar estas cuestiones y garantizar que las personas en cárceles reciban un tratamiento justo y humano.