Por: Luis jesus Morales
Durante una sesión de tres horas que transcurrió de manera tumultuosa, la mayoría de Morena y sus aliados del PT y PVEM en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobaron reformas legales que resultarán en la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El dictamen fue aprobado con 30 votos a favor y 21 en contra de los partidos PAN, PRI, MC y PRD. Las reformas, que se encuentran en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, proponen la conservación de un único fideicomiso, el «Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia». El texto incorporado a la ley señala que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán crearse ni mantenerse otros fondos o fideicomisos adicionales.
La bancada de Morena argumentó que de los 14 fondos existentes, el Poder Judicial dispone de 21,554 millones de pesos, según informes del segundo trimestre del año en curso. Aseguraron que el único fideicomiso con respaldo legal es el de Apoyo a la Administración de la Justicia. Los 15,450 millones de pesos restantes de los otros fondos deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, para ser asignados a programas sociales y proyectos de infraestructura.
La oposición, aunque planteó la retirada del tema del Orden del Día sin éxito, manifestó su desacuerdo. El diputado Héctor Saúl Téllez del PAN denunció que la iniciativa de Morena es parte de una estrategia para asfixiar a cualquier poder u órgano autónomo que no esté alineado con el gobierno y que esto constituye un intento de asalto al Poder Judicial. La diputada Margarita Zavala del PAN anticipó que la reforma se llevará ante la Corte por considerar que viola los derechos de los trabajadores.
José Yunes del PRI destacó que esta medida está afectando el principio de división de poderes y pone en riesgo la normalidad democrática del país. Reginaldo Sandoval del PT afirmó que esta reforma no afecta los derechos de los trabajadores en su relación laboral con el Poder Judicial, ya que los recursos se destinan a prestaciones adicionales de altos funcionarios.
El dictamen establece que los recursos restantes, así como los productos y beneficios derivados de los mismos, deberán transferirse a las unidades administrativas encargadas de la tesorería de los órganos del Poder Judicial de la Federación, y, a su vez, estas unidades deben entregar la totalidad de los recursos a la Tesorería de la Federación.