Por: Luis Jesus Morales
Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 (ENADIS), llevada a cabo por el INEGI, un creciente 23.7 por ciento de la población mexicana afirmó haber sufrido algún tipo de discriminación entre los años 2017 y 2022, lo que representa aproximadamente uno de cada cuatro ciudadanos. Este dato refleja una marcada tendencia al alza en comparación con el 20.2 por ciento registrado previamente.
El grupo más afectado por la discriminación fue el de la diversidad sexual y de género, con un 37.3 por ciento de casos. En segundo lugar se encuentran los afrodescendientes, con un 35.6 por ciento, seguidos por las trabajadoras del hogar, con un 34.6 por ciento, y las personas con discapacidad, con un 33.8 por ciento.
La principal causa de discriminación se relaciona con la forma de vestir o el arreglo personal, que incluye aspectos como tatuajes, ropa, peinado y perforaciones, representando un 30.6 por ciento de los casos. Le sigue en importancia el peso o la estatura, con un 27.5 por ciento, y las opiniones políticas, con un 24.6 por ciento.
Ser mujer fue la razón más frecuente para experimentar discriminación, seguida por la forma de vestir (31.8 por ciento), el peso y la estatura (30.7 por ciento), la edad (23.1 por ciento) y las creencias religiosas (21.8 por ciento).
Las entidades federativas con los mayores porcentajes de población afectada por la discriminación fueron Yucatán (32.1 por ciento), Puebla (30.6 por ciento), Querétaro (30.5 por ciento), Ciudad de México (29.6 por ciento) y Jalisco (27.1 por ciento). En contraste, los estados con los menores porcentajes de discriminación fueron Nayarit (17.9 por ciento), Sonora (17.5 por ciento) y Sinaloa (13.8 por ciento).
La encuesta también reveló un aumento en la exclusión y la negación de derechos a los grupos más vulnerables entre la primera encuesta en 2017 y la segunda en 2022, realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El 21.3 por ciento de las mujeres mayores de 18 años a nivel nacional declaró haber sufrido la negación injustificada de sus derechos, en comparación con el 19.6 por ciento de los hombres.
Los derechos más frecuentemente negados incluyeron la negativa a recibir apoyos de programas sociales (46.1 por ciento), la atención médica o medicamentos (38.5 por ciento), la atención o servicios en alguna oficina gubernamental (27.4 por ciento) y la negativa a recibir créditos de vivienda, préstamos o tarjetas bancarias (20.9 por ciento).