Investigación del IFT sobre Prácticas Monopólicas en Contratación Pública de Telecomunicaciones Fijos
Ciudad de México, Méx. // 15 de febrero de 2024 // Por: Isaura Corona Osorio
La Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha anunciado el inicio de una investigación exhaustiva en relación con posibles prácticas monopólicas absolutas en el ámbito de la contratación pública de servicios de telecomunicaciones fijos. Esta medida surge como respuesta a una denuncia presentada ante la autoridad competente.
Las prácticas monopólicas absolutas se refieren a conductas anticompetitivas que afectan el funcionamiento normal del mercado. En este caso, se investiga la existencia de contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores en el sector de las telecomunicaciones fijas. Estas prácticas pueden incluir:
1. Establecimiento de posturas coordinadas: Los competidores podrían estar concertando sus acciones para influir en licitaciones, concursos o subastas.
2. Abstención en licitaciones: Los agentes económicos podrían acordar no participar en ciertos procesos de contratación.
3. Intercambio de información sensible: Compartir datos estratégicos podría afectar la competencia en el mercado.
Entre las empresas que participan en el mercado de telecomunicaciones fijas se encuentran Telmex, Izzi y Megacable, entre otras. Estas compañías están bajo escrutinio para determinar si han incurrido en prácticas monopólicas absolutas.
La Dirección General de Prácticas Monopólicas y Concentraciones Ilícitas, entidad adscrita al IFT, será la encargada de llevar a cabo la indagatoria. Es importante destacar que esta investigación no implica un juicio previo sobre la culpabilidad de ningún agente económico involucrado. El objetivo es verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica.
La investigación busca determinar si se infringió el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica, el cual prohíbe las prácticas monopólicas absolutas en los procedimientos de contratación pública. De encontrarse elementos suficientes, estas prácticas serán nulas de pleno derecho, y los agentes económicos involucrados podrían enfrentar sanciones y procedimientos legales.