ESCÁNDALO EN EL TSJE DE TLAXCALA , LA PRENSA INVOLUCRADA
TLAXCALA/ 27 /OCTUBRE/2020
-El magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez lamentó acusaciones supuestamente sin sustento; dispuesto a ser investigado
-Es de lamentar que la libertad de expresión en Tlaxcala se utilice para denostar y hacer acusaciones sin pruebas, reclamó
Todo ocurrió en el mes de enero, cuando el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez fue señalado públicamente por seudo reporteros de un medio digital de haberse apoderado de alrededor de 10 millones de pesos, pero sin aportar pruebas de sus aseveraciones.
Lo anterior presuntamente por concepto de devolución de impuestos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para supuestamente pagar bonos extras a magistrados.
En conferencia de prensa dijo que “yo consideró que si llegan a oídos de ustedes noticias de una resolución que les genera suspicacia, la forma más objetiva es “acercarse a su servidor y entrevistarme y decirles efectivamente esto está en este contexto, pero también reconocer que la información judicial es reservada, no podemos dar tantas explicaciones por qué se debe respetar la identidad de las partes”.
En rueda de prensa expresó que desde hace 12 años forma parte del Poder Judicial y siempre ha sido blanco de señalamientos y acusaciones sin sustento, ejemplificó que la activista Rosy Orozco lo señala de haber incurrido en actos de corrupción, pero a la fecha las declaraciones se han quedado en dicho.
“No existe una sola queja que me involucre en un expediente donde algún servidor haya intervenido en mi contra, por razón de la función que desempeño como juzgador”.
Sobre los presuntos señalamientos que se le hicieron por presunto reparto discrecional de recursos públicos, dijo que el manejo del techo financiero que es etiquetado al TSJE se tiene que reportar a la Auditoria Superior del Estado para que sea revisado y aprobado; confió que el dictamen saldrá positivo.
“Todos los movimientos que se hacen se tienen que reportar, hay un método de comprobación y este a su vez es revisado y todas las observaciones tienen que llegar para que sean sustentadas y pues no hay nada de eso, aquellos que me señalan tienen que comprobar lo que están diciendo y anticipadamente puedo adelantarse que no hay ninguna irregularidad”, señaló.
A pregunta expresa sobre la disposición para ser investigado “Estoy en la disposición de que la Unidad de Inteligencia Financiera me investigue, no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada irregular, soy una persona que respeta la ley, tengo obligaciones fiscales, cumplo mis declaraciones fiscales, pago mis impuestos y lo que hemos hecho está a la vista, no tengo inconveniente de que se me investigue”, precisó.
En la misma tesitura rechazó la posible separación del cargo, “no tengo por qué dejar el cargo, mi labor va a continuar como hasta la fecha, en tanto reitero lo que se hizo está a la vista de todos”.
PROMUEVEN PERIODISTAS Y CONSEJO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TLAXCALA JUICIO POLÍTICO CONTRA MAGISTRADO
Paralelamente en diversos medios de comunicación los periodistas Edgardo Cabrera Morales y José Luis Ahuactzin Ávila del medio digital Gentlx, así como el Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala (COMECOT), dijeron que presentaron ante el Congreso local una solicitud de Juicio Político contra el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.
De acuerdo con los hechos, el documento fue ingresado este lunes a través de la Secretaria Parlamentaria de dicho Poder, derivado de los actos u omisiones que ha causado en perjuicio a los intereses públicos fundamentales y al buen despacho de la función pública jurisdiccional.
Entre otras cosas, en la solicitud de Juicio Político se pide a los diputados locales den vista a la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que en el uso de sus atribuciones y facultades analice las operaciones financieras, económicas y otras relacionadas con el hoy servidor público denunciado.
No obstante, también se presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) una queja contra el servidor público y funcionario del TSJE en activo, ya que su actuar redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales como lo es el derecho humano a la libertad de expresión y de acceso a la información de los medios de comunicación, así como de la posibilidad de violaciones a derechos humanos de ambos periodistas.
Los Hechos
El pasado 11 de septiembre el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez demandó por la vía Civil a ambos comunicadores, Edgardo Cabrera Morales y José Luis Ahuactzin Ávila, para exigir el pago de una cuantiosa cantidad de dinero a cambio de reparar un supuesto daño moral que dice que le causó una nota informativa y una columna de opinión publicada el pasado nueve y diez de enero de este año.
La información de la que se inconforma se desprendió de un audio al que tuvo acceso Gentetlx y donde se escucha el probable reparto discrecional de 10 millones de pesos derivado de una devolución de impuestos que hizo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que en dichas fechas presidía Jiménez Martínez.
Pese a que se le buscó para conocer su opinión al respecto, Jiménez Martínez se negó a responder a cuestionamientos del medio y los periodistas, así consta en videograbaciones en poder de Gentetlx y de la COMECOT, y tampoco hizo uso de su derecho de réplica que establece la Ley Reglamentaria del Artículo 6º., Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No obstante a ello, el entonces vocero del TSJE, Víctor Manuel Ávila García condicionó una entrevista con Jiménez Martínez, misma que le fue solicitada por los periodistas y el medio, incluso sugirió un “acuerdo” para eliminar la información.
Mientras se buscaba la versión del magistrado, el legislador local panista, Milton López Avendaño, desde marzo de este año sirvió de portavoz de Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez y de forma reiterada trató de intimidar al periodista Edgardo Cabrera Morales, al sugerir servir de “intermediario” ante la pretensión del magistrado de entablar una demanda en su contra.
Pese a que los hechos ocurrieron en enero de este año, casi diez meses después el magistrado promovió su demanda, y sospechosamente el juez Lázaro Castillo García, quien radicó el expediente de la vía ordinaria, dio celeridad al procedimiento y en menos de un mes, radicó y notificó la demanda a los periodistas ahora acusados.
Por esos hechos, también se promovió una queja contra el Juez, ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, ya que se supo que mantiene una relación de compadrazgo entre ambos funcionarios, además de que el Juez pasó por alto una serie de anomalías en el procedimiento de presentación de la demanda inicial.
Derivado de la inacción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ambos periodistas respaldados por el COMECOT, la organización internacional Artículo 19 y el abogado el ex presidente de la CEDH y de la Caiptlax, Francisco Mixcoatl Antonio, solicitaron al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio Aquiahuatl Sánchez, se otorguen medidas cautelares a favor de los periodistas.