Por: Alfredo González
El magistrado instructor que determinará la procedencia del nuevo presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA), Fernando Bernal Salazar, informó que ha cerrado la instrucción del Juicio de Protección Constitucional promovido por Silvia Guadalupe Murillo Pantoja por el cual no se le permitió a Silvano Báez García asumir funciones en dicho órgano.
En entrevista, el magistrado de la segunda ponencia de la sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), detalló que ha concluido con el análisis y estudio al juicio legal para determinar si es procedente o no el ingreso del nuevo presidente del TCyA.
Dijo que al cerrar la instrucción, la semana entrante turnará el proyecto a la Secretaría General para que, a su vez, se turne al pleno del TSJE y se vote la propuesta; en tanto afina los detalles para evitar que sea rechazado su proyecto por sus homólogos en sesión de pleno.
Desde junio del 2012, la quejosa Silvia Guadalupe Murillo Pantoja promovió un juicio ante el TSJE bajo los argumentos de que el presidente electo del TCYA Silvano Báez, de forma recurrente violó sus garantías establecidas en la Constitución Federal en sus artículos XVI y XVII.
Al respecto, el décimo sexto señala que “los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y ministerio público y demás autoridades competentes”.
En tanto que el décimo séptimo detalla que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales