04/09/2017/PEDRO MORALES
Al transcurrir una semana del inicio del nuevo ciclo escolar, el secretario de educación pública en el estado, Manuel Camacho Higareda, señaló que la Ley de Educación para Tlaxcala determina que las autoridades educativas no deben tener injerencia en las actividades de las asociaciones de padres de familia.
Indicó que el cobro de cuotas y aportaciones escolares es una acción voluntaria «y es facultad de los padres de familia hacer las aportaciones que consideren pertinentes en la escuelas donde estudian sus hijos, la autoridad educativa no debe hacerlo».
Mencionó que las instituciones educativas tienen la facultad para facilitar la operación de las sociedades de padres, pero no tiene injerencia en sus dinámicas, en ninguna forma.
Refirió que cuando hay alguna denuncia en torno a que las cuotas laceran la economía de los padres, probablemente haya abuso, «lo cual es lamentable, pero estamos vigilantes de que eso no ocurra en las casi dos mil 500 escuelas que existen en el estado».
Refirió que la dependencia a su cargo trata de atender la mayor cantidad posible de escuelas cuando hay denuncias, «de inmediato giro instrucciones para que el jefe de nivel atienda y acuda a las escuelas para investigar y si es necesario hacer una reconvención, se hace el llamado a la autoridad escolar para que se mantenga al margen».
Sin embargo, en la mayoría de las escuelas, como es el caso de la secundaria técnica “Camaxtli” del municipio de Apizaco, la inscripción estuvo condicionada al pago de cuotas escolares.
Padres de familia acusaron que el director, subdirector y contralora del plantel violaron flagrantemente los derechos humanos de los alumnos al exigir los comprobantes del pago de 750 pesos por alumno, la amenaza fue que si no mostraban el recibo del pago, sus hijos no serían aceptados.
Los directivos del plantel, se pasaron por el arco del triunfo lo que mandata la Ley General de Educación que dice:
ARTÍCULO 6O.- LA EDUCACIÓN QUE EL ESTADO IMPARTA SERÁ GRATUITA. LAS DONACIONES O CUOTAS VOLUNTARIAS DESTINADAS A DICHA EDUCACIÓN EN NINGÚN CASO SE ENTENDERÁN COMO CONTRAPRESTACIONES DEL SERVICIO EDUCATIVO. LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ESTABLECERÁN LOS MECANISMOS PARA LA REGULACIÓN, DESTINO, APLICACIÓN, TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA DE LAS DONACIONES O CUOTAS VOLUNTARIAS.
SE PROHÍBE EL PAGO DE CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN QUE IMPIDA O CONDICIONE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A LOS EDUCANDOS.
EN NINGÚN CASO SE PODRÁ CONDICIONAR LA INSCRIPCIÓN, EL ACCESO A LA ESCUELA, LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES O EXÁMENES, LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LOS EDUCANDOS O AFECTAR EN CUALQUIER SENTIDO LA IGUALDAD EN EL TRATO A LOS ALUMNOS, AL PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN ALGUNA.
Ante este ordenamiento de acuerdo con integrantes de la Barra de Abogados de Apizaco, quedan dos opciones en cada caso o en grupo.
I..- Denunciar esta situación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, para que de inmediato tome cartas en el asunto, mande visitadores para verificar con los afectados si en realidad se exigieron los recibos de los pagos de las citadas cuotas “voluntarias”.
Porque nada tiene que ver el monto de la cooperación que puede ser de un peso o de mil, la violación a los derechos a la educación de los niños ocurre en el momento mismo en que se condiciona la inscripción, que es lo mismo otorgar la educación como lo marca la ley.
Si ocurre esta situación, se deben denunciar los hechos a los medios de comunicación, ante el evidente desinterés de las autoridades educativas como es evidente que ocurre no solo en esta escuela “Camaxtli”, sino en la mayoría de instituciones educativas oficiales y privadas en todos los niveles.
II.- Los padres de familia, en cada caso o en grupo, pueden acudir ante algún servicio de bufet juridico gratuito, incluso en el del gobierno del estado o los DIF municipales.
Deben solicitar el trámite de un amparo ante la justicia federal, ya que es evidente que no existe el mínimo interés por aplicar la justicia en este caso por parte de la autoridad estatal.
Recomendaron los abogados de Apizaco acudir directamente a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, concretamente a la Facultad de Derecho, para que los alumnos y maestros los auxilien y orienten para la tramitación de un amparo en contra de los malos servidores públicos de la educación.
Indicaron que a nivel nacional ya existe jurisprudencia al respecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se han ganado casos de amparo y de seguimiento a las recomendaciones de la CNDH. en torno a la imposición de estas cuotas “voluntarias” que son una pesadilla ara los padres de familia cada inicio de cursos en Tlaxcala.