28/09/2017/TLAXCALA
En la sesión ordinaria del Congreso de Tlaxcala, este jueves, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Padilla Sánchez, propuso la creación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y Particulares.
La novedad es que en la iniciativa con proyecto de decreto, se establecen sanciones a particulares, personas físicas o morales, que participen en caso de corrupción o mal manejo de recursos públicos.
Dicha propuesta se encuadra dentro del nuevo sistema anticorrupción, en el que es necesario que se suscriba un nuevo orden jurídico tendiente a prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción en todos los órdenes de gobierno y particulares.
Padilla Sánchez, subrayó “consideramos necesario modificar el régimen de responsabilidades en el servicio público, así como de los particulares a efecto de afianzar su proceso de sistematización y perfeccionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, esto como producto de una armonización legal relativa al mismo sistema”.
Dijo que ante esta realidad observamos la necesidad de contar un nuevo diseño interinstitucional que desarrolle la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno y que implemente un sistema que active mecanismos de prevención, control e investigación y sanción.
El diputado local recordó que para que se dé un acto de corrupción deben participar dos personas, la que ofrece y la que acepta, y que existe un margen normativo que rige la conducta de los servidores con importantes avances en su implementación pero sin alcanzar los resultados adecuados,
Consideró que por eso es imperante modificar la ley e incluir a los segundos actores principales de los hechos de corrupción, de ahí que se propuso integrar a ese marco normativo a los particulares.
La iniciativa incluye que se debe prever la prevención, detección y sanción de los particulares cuando estos a su vez tengan alguna actividad con el estado ya sea como personas físicas o morales debiendo promocionar la integridad la ética y la participación ciudadana en los términos que la ley establece.