Reconoce Gobierno Federal 15 aspirantes a elecciones asesinados y más de 100 buscan protección
México. A 2 de abril de 2024. Redacción
El Gobierno de México ha reconocido el asesinato de 15 aspirantes en el camino a las elecciones del próximo 2 de junio. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que, además, se han recibido más de 100 solicitudes de protección por parte de candidatos que perciben un riesgo de violencia.
El proceso electoral, que comenzó oficialmente el 1 de octubre pasado, ha visto cómo solo dos de las víctimas se habían registrado como candidatos oficiales, mientras que cinco eran precandidatos y ocho simplemente aspirantes. La situación ha llevado al Gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a reforzar su compromiso con la protección de los candidatos, implementando un plan de seguridad y aumentando la presencia de la Guardia Nacional en zonas de alta inseguridad.
A pesar de ser la primera cifra oficial de homicidios electorales proporcionada por el Gobierno, organizaciones ciudadanas como Data Int y Data Cívica presentan números más altos, con estimaciones de 28 y 21 asesinatos respectivamente.
Rodríguez destacó la colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) para asegurar la protección de los candidatos federales, un proceso que afirma no tarda más de 72 horas en resolverse. Hasta el momento, se han atendido 86 de las 108 solicitudes de protección, con 10 rechazadas y 12 aún en análisis de riesgo.
Las solicitudes abarcan un amplio espectro político, incluyendo a tres candidatos presidenciales, siete a gobernador, 27 al Senado y 71 a diputados. De estas, 34 provienen de partidos aliados al oficialismo, mientras que el resto pertenece a la oposición.
La secretaria enfatizó la diligencia del Gobierno para atender todas las peticiones de manera inmediata, con el objetivo de garantizar un proceso electoral pacífico. Además, recordó que la protección de candidatos a cargos federales y gobernadores está a cargo del Gobierno federal y la Guardia Nacional, mientras que los gobiernos estatales y municipales protegen a los aspirantes a puestos locales.