Por: Alfredo González
La iniciativa para la creación de una Ley de Atención y Protección de Víctimas y Ofendidos para el Estado de Tlaxcala, entregada recientemente por el Poder Ejecutivo local a los congresistas de la LX Legislatura, será sometida a un estudio técnico por parte de expertos en la materia para determinar si se apega a lo establecido en la Ley General de Víctimas o debe ser afinada.
Esa revisión estará a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a través del especialista, Julio Hernández Barros, quien a su vez es el abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta, Javier Sicilia, y académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), quien estuvo este lunes en Tlaxcala para dar un panorama general de lo que será su labor y las características de la norma nacional en comento.
Acompañado del ombudsman tlaxcalteca, Francisco Mixcoatl, Hernández Barros dijo que la Ley local debe quedar lista a más tardar en el mes de septiembre y el gobierno del Estado debe contemplar por lo menos el 0.15 por ciento de su presupuesto anual de egresos, para la instalación de un Comité Ejecutivo que opere la norma, así como una cifra idéntica para la instauración de un Fondo de Reparación y Ayuda a las Víctimas.
Mientras en Tlaxcala apenas comenzará ese trabajo, entidades como Morelos, Tabasco, Michoacán y Baja California ya van más adelantadas en su legislación.
El especialista aseveró que luego de mucha labor de diversas instancias académicas, legales y de organizaciones sociales, la Ley General de Víctimas resultó en un proyecto garantista para brindar atención, ayuda, acceso a la justicia, memoria histórica y lograr un proceso de reconciliación al ofendido, que entró en vigor el 9 de febrero de este año.
Luego, desde el 2 de mayo pasaron se iniciaron los trabajos de reformas al mismo Código para complementar sus preceptos, tales como la instalación de un Sistema Nacional de Víctimas, el Fondo de Ayuda y Reparación a las Víctimas, Registro Nacional de Víctimas, así como garantías de apoyo médico, sicológico y jurídico a los ofendidos, aspectos que debe contemplar la normativa estatal.
Hernández Barros enfatizó que “la Ley General de Víctimas no es un ordenamiento federal, es algo general que obliga a los tres Poderes en los tres niveles de gobierno cumplir con sus preceptos”, que incluye la necesidad de que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como las procuradurías locales, establezcan protocolos para encontrar desaparecidos y encontrarlos con vida.