Marines se unen a la Guardia Nacional ante protestas por redadas migratorias
Internacional. 10 de junio de 2025. Redacción
La ciudad de Los Ángeles se encuentra en medio de una tensión creciente tras el despliegue de aproximadamente 700 marines por parte del Pentágono, en respuesta a las protestas que han estallado por las recientes redadas migratorias.
Esta movilización se suma a los más de 4,100 efectivos de la Guardia Nacional que el Presidente Donald Trump ha ordenado previamente, generando un escenario de militarización sin precedentes en una urbe estadounidense.
La misión de los marines, según el Comando Norte de Estados Unidos, es la protección de personal e instalaciones federales, incluyendo a agentes de inmigración. Se les ha proporcionado entrenamiento en control de multitudes y desescalada, aunque portarán sus armas de servicio habituales.
Este despliegue se une a los aproximadamente 2,100 efectivos de la Guardia Nacional de California que ya se encontraban en la ciudad, y a una orden adicional de 2,000 miembros de la Guardia Nacional por parte del Presidente Trump, elevando el total de efectivos de esta corporación a más de 4,100.
La decisión del Presidente Trump ha sido recibida con una fuerte condena por parte de las autoridades estatales. El gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general Rob Bonta han calificado el despliegue de «innecesario» y una «provocación», y han presentado una demanda contra la administración federal.
Argumentan que la medida es una extralimitación de autoridad y que las tropas federales no deberían ser utilizadas para el control de disturbios civiles en el estado sin la solicitud expresa del gobernador.
Las protestas, que se desencadenaron tras una serie de redadas migratorias realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han visto a miles de personas manifestarse en las calles de Los Ángeles durante varios días, con algunos incidentes de enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Analistas y defensores de los derechos civiles han expresado su preocupación por la escalada de la situación y la posibilidad de que el despliegue militar exacerbe las tensiones.
El precedente de activar la Guardia Nacional sin la aprobación del gobernador del estado es un punto de contención legal y constitucional, que podría sentar un peligroso precedente para el futuro.
