Diputados rectifican que no habrá cárcel ni multas por usar vapeadores
10 de diciembre de 2025. CDMX. Redacción
Tras la polémica generada por la reforma que buscaba penalizar el uso y portación de vapeadores, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó modificaciones para eliminar las sanciones de prisión y multas dirigidas a los consumidores individuales. La bancada morenista busca centrar el castigo en la actividad comercial y lucrativa de estos dispositivos.
La reforma original había suscitado fuertes críticas por la posible criminalización de jóvenes, al contemplar penas de uno y hasta ocho años de cárcel por la simple portación de cigarrillos electrónicos.
El jefe de la bancada morenista, Ricardo Monreal, aclaró la postura del partido, señalando que el objetivo de las sanciones es «desmantelar el mercado que produce, distribuye y obtiene ganancias millonarias, en detrimento de la salud de los jóvenes».
«La conducta que el Estado debe combatir es la operación comercial, de lucro y daño a la salud, y no el mero uso individual», afirmó Monreal, diferenciando claramente la actividad comercial del consumo personal.
Con estas rectificaciones, el apartado controversial del artículo 282 de la Ley General de Salud ha quedado modificado para enfocarse estrictamente en la prohibición de la cadena de suministro y comercio.
El artículo establece que «queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos».
Una adición importante a la reserva es la prohibición de la adquisición con fines de comercialización y la inclusión explícita de los cigarrillos desechables para un solo uso dentro de la categoría de dispositivos análogos.
Así pues, y de acuerdo a lo expresado en el pleno de la cámara baja, las modificaciones de Morena buscan asegurar que las penas de prisión y las multas recaigan sobre aquellos que lucran con la distribución y venta de estos productos, eximiendo de castigo a los usuarios y consumidores personales.