Detienen a dos mexicanos en Inglaterra por trata de personas y esclavitud moderna
3 de mayo de 2026. Internacional. Redacción
La Policía de Cheshire, en una operación conjunta con organismos internacionales como Europol, ejecutó recientemente un despliegue de seguridad sin precedentes en la localidad de Crewe. El operativo, que contó con la participación de aproximadamente quinientos agentes, tuvo como objetivo principal la sede de la organización denominada La Religión Ahmadi de Paz y Luz. La investigación se centra en denuncias graves que incluyen esclavitud moderna, agresiones sexuales y matrimonios forzados cometidos presuntamente bajo una fachada de comunidad religiosa.
Como resultado de las acciones policiales, nueve personas fueron puestas bajo custodia, entre las cuales se encuentran cinco hombres y cuatro mujeres de diversas nacionalidades. Entre los detenidos destacan dos ciudadanos mexicanos, quienes enfrentan cargos directos por su participación en la estructura criminal.
Uno de ellos ha sido señalado por trata de personas y matrimonio forzado, mientras que el segundo es investigado por delitos de explotación sexual. El resto de los implicados pertenecen a naciones como Estados Unidos, Egipto, España, Italia, Suecia y el Reino Unido.
La organización en cuestión fue fundada en 2015 por Abdullah Hashem, un ciudadano egipcio-estadounidense que actúa como líder espiritual del grupo. Según las investigaciones preliminares, el grupo operaba captando seguidores que eran presuntamente obligados a entregar sus recursos económicos y a vivir en condiciones de servidumbre. Las autoridades británicas han sido enfáticas al aclarar que este grupo no tiene relación con la comunidad musulmana ahmadía tradicional, describiéndolo más bien como un movimiento marginal bajo sospecha de prácticas sectarias.
Tras la redada, varias personas que se encontraban en el lugar fueron rescatadas y trasladadas a centros de asistencia especializados para víctimas de esclavitud moderna. Mientras tanto, los detenidos permanecen a disposición de la justicia británica para determinar su grado de responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, agresión sexual y coacción. El caso continúa abierto mientras la policía analiza el material confiscado durante el registro de la propiedad.