Debate por los derechos de las audiencias: entre la autorregulación impulsada por el Gobierno y los temores del sector de radio y televisión
7 de agosto de 2026. Tlaxcala. Redacción
El Gobierno federal abrió un periodo de consulta pública para definir los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, vigentes del 27 de julio al 21 de agosto de 2026 a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La medida, enmarcada dentro de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ha encendido un intenso debate entre la postura oficialista —que defiende la medida como una herramienta de autorregulación y garantía constitucional— y las industrias de la radiodifusión, junto a organizaciones civiles, que alertan sobre posibles riesgos de ambigüedad y libertad de expresión.
Desde la conferencia matutina «Las mañaneras del pueblo», la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, enfatizaron que los lineamientos no buscan imponer censura ni definir la verdad desde el Estado.
El Ejecutivo argumenta que el propósito principal es asegurar que la ciudadanía reciba información veraz y oportuna. Entre los puntos centrales presentados destacan: Distinción de contenidos, Derecho de réplica y accesibilidad; y Códigos de Ética y Defensorías.
Sobre la Distinción de contenidos, se refiere a la obligatoriedad de diferenciar con claridad las noticias de la opinión, así como la publicidad del contenido editorial, mediante el uso de plecas, cortinillas o avisos explícitos.
En cuanto al Derecho de réplica y accesibilidad, los medios deberán visibilizar los procedimientos para que cualquier ciudadano solicite correcciones ante datos inexactos o falsos, además de garantizar herramientas de inclusión para personas con discapacidad auditiva.
Y en cuanto a los Códigos de Ética y Defensorías, se refiere a que las Concesionarias de radio, televisión abierta y de paga deberán adoptar un Código de Ética y nombrar un Defensor de las Audiencias independiente que gestione las quejas.
Y es que según la consejera jurídica Luisa María Alcalde, las sanciones e intervenciones de la CRT únicamente procederán en caso de un incumplimiento formal —como no publicar el código de ética, no designar a un defensor o no contar con un canal de quejas— y no por la línea editorial o el contenido emitido.
En contraste con el discurso oficial, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), así como diversos analistas y organizaciones en defensa de la libertad de prensa, han expresado inquietudes respecto a los alcances de la propuesta.
Organizaciones han señalado que supeditar la difusión informativa al concepto de «veracidad» entra en tensión con estándares internacionales de libertad de expresión. Argumentan que este criterio puede prestarse a interpretaciones subjetivas o discrecionales por parte de las autoridades regulatorias.
Comunicadores y concesionarios de la radio y televisión privada sostienen que obligar a fragmentar o etiquetar de forma rigurosa cada segmento periodístico entre «noticia» y «opinión» durante transmisiones en vivo o debates puede obstaculizar la agilidad del ejercicio periodístico.
A estas posturas se sumó la Iglesia católica en México. A través del editorial del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México advirtió sobre los riesgos de que la regulación abra la puerta a una censura previa o que faculte a autoridades administrativas para determinar qué opiniones son legítimas, verdaderas o aceptables.
Aunque el órgano eclesial respaldó el fomento a la ética, la autorregulación y mecanismos como el derecho de réplica, alertó sobre los peligros del control estatal punitivo y sobre el riesgo de reducir a las audiencias a «simples perfiles de consumo» o exponerlas a contenidos polarizantes.
Aunque el Gobierno remarca que el defensor de audiencias es nombrado por el propio medio, sectores de la industria temen que la facultad de la CRT para requerir más defensores o imponer multas desproporcionadas abra la puerta a una intervención indirecta en las políticas editoriales.
Ante las observaciones manifestadas por la CIRT y diversos actores del sector, la presidenta Sheinbaum señaló que los lineamientos no están grabados en piedra y que existe apertura para adecuarlos. Como parte de esta negociación, la Consejería Jurídica de la Presidencia ha entablado reuniones con representantes de la industria radiofónica y televisiva para revisar las inquietudes y recibir propuestas de modificación antes de que venza el plazo el 21 de agosto.
El proceso de consulta pública en el portal oficial de la CRT continuará abierto a la ciudadanía, académicos y concesionarios, mientras se busca un punto de equilibrio entre garantizar las prerrogativas de la audiencia y preservar la libertad editorial en los medios de comunicación.