El gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves que hará caso omiso de un acuerdo judicial que limitaba el tiempo de detención de inmigrantes menores.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció que pondrá fin al acuerdo, que obliga al gobierno a dejar en libertad a menores de edad después de unos 20 días de detención. En cambio, aprobará medidas que según funcionarios federales brindarán la atención adecuada a los menores, pero permitirán cambios para disuadir los cruces ilegales de la frontera de Estados Unidos con México.
El gobierno dijo que quiere mantener detenidas a las familias mientras duren sus procesos judiciales de inmigración.
El caso de 1997 que dio lugar al acuerdo regresará casi con certeza a los tribunales. La jueza federal Dolly M. Ghee ya rechazó este año un pedido del gobierno de prolongar la detención de familias.
Además, varios abogados presentaron una demanda contra el gobierno de Trump, exigiéndole resarcir a las familias migrantes que separó en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México.
La demanda, presentada el miércoles tarde en Worcester, Massachusetts, busca crear un fondo para pagar por el tratamiento psicológico de los niños que fueron separados de sus padres por el gobierno de Trump, que había adoptado una política de «tolerancia cero» contra todos los que crucen la frontera ilegalmente.
El gobierno, agregó la querella, «debe responder por sus acciones» y «reparar el daño causado».
Añadió que muchas personas sufrieron daños psicológicos y trauma emocional debido a la separación. Menciona los casos específicos de dos familias guatemaltecas que cruzaron la frontera pidiendo asilo.
«Estos niños son inocentes y las autoridades federales les lastimaron simplemente con base en su raza y origen nacional», declaró Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo del Comité de Abogados a favor de Derechos Humanos y Justicia Económica y uno de los abogados que presentó la demanda contra el secretario de Justicia Jeff Sessions y otros funcionarios del gobierno.
«Es ilegal e injusto. Estas familias deben ser recompensadas por la experiencia espeluznante que vivieron», dijo Espinoza-Madrigal.
Las autoridades migratorias separaron a más de 2 mil niños de sus padres en los primeros meses de este año. Trump promulgó luego un decreto el 20 de junio que derogó su política, en medio de una condena internacional generalizada.
Uno de los niños mencionados en la querella tenía 11 años cuando huyó de la violencia en Guatemala para pedir asilo en Estados Unidos. Fue separado de su padre por más de un mes y temió que nunca lo volvería a ver, según la denuncia. Añade que el pequeño sigue teniendo pesadillas, a veces tan aterradoras que se cae de la cama.
En la demanda, los individuos son mencionados solo por sus iniciales para proteger su privacidad.
«El trauma que sufrieron C.J. y F.C. fue duradero y seguirá afectando su salud psicológica y emocional durante años», dice la demanda.