Por primera vez informe de CNDH no lo recibe el Presidente de la República
CDMX/ 4/06/2019
El texto fue presentado a la secretaria de Gobernación donde se reconoce que 2018 fue crítico para los derechos humanos y lamenta que el Ejecutivo no se abra al diálogo
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que 2018 fue un año crítico para los derechos humanos, al subsistir en México problemas tan graves como los miles de personas desaparecidas, la prevalencia de la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso a migrantes, las fosas clandestinas e irregulares, la persistencia de la violencia de género, la trata de personas, así como los ataques y homicidios en contra de periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos.
Tras señalar que es claro que en el pasado existieron graves deficiencias y omisiones por parte de las autoridades de los distintos niveles y ámbitos del gobierno, que vulneraron la legalidad, así como la vigencia de los derechos humanos, Luis Raúl González Pérez señaló que en estos primeros meses de 2019, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública, ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años nuestro país ha enfrentado en diversos rubros.
En conferencia de prensa, luego de entregar el Informe de Actividades 2018 de la CNDH al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que más allá de un acto meramente formal, el encuentro que propiciaba la presentación del Informe Anual de labores abría un espacio directo e inmediato para que la CNDH pudiera exponer, ante el Titular del Ejecutivo Federal, un balance anual sobre la situación de los mismos, así como reflexionar, prospectivamente, sobre los retos y situaciones que demandaban atención especial para el año en curso, cuestiones que en este 2019 no pudieron concretarse, al no haberse generado un espacio para que los derechos humanos fueran escuchados.
Afirmó que no será debilitando la institucionalidad democrática, ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre autoridades y poderes, o restringiendo o condenando en los hechos el legítimo ejercicio de los derechos o el disenso, que México avanzará por la ruta de la legalidad y del respeto a la dignidad humana. Nuestro país no puede prescindir de espacios y vías para que la reflexión y el entendimiento sean posibles mediante la pluralidad, la tolerancia, así como el respeto a las personas y a las ideas, para construir consensos en beneficio del país y de su sociedad. El piso común que nos una, identifique y permita sustentar cualquier cambio para México, deben ser la legalidad, respeto a la dignidad humana y vigencia de los derechos humanos
Enfatizó que con independencia de medidas de disciplina presupuestal o de la investigación de ilícitos, México se encuentra obligado a asignar, hasta el máximo de sus capacidades, los recursos necesarios para que los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, sean vigentes, obligación que subsiste aún frente a recortes o ajustes presupuestales. Hay rubros en los que la asignación de recursos públicos no puede sólo depender de cálculos económicos o ponderaciones administrativas, como lo son los servicios de salud pública, donde la falta de recursos económicos, materiales o de personal debidamente calificado, implica la diferencia entre la salud o la enfermedad de las personas, e inclusive, en casos graves o urgentes, entre su vida o su muerte.
«No hay economía, ahorro o medida de austeridad, que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente. Debilitar o volver inoperantes los sistemas públicos de salud, implica una violación a los derechos humanos. Las irregularidades del pasado son motivo de investigación y sanción, los problemas del presente requieren acciones pertinentes y atención urgente. La falta de apoyos a las estancias infantiles y refugios, a instancias que atienden personas con discapacidad, la descalificación de organizaciones de la sociedad civil, de periodistas y comunicadores, y la necesidad de prevenir discursos que polaricen o dividan a las personas son temas que deben revisarse buscando la mayor protección y vigencia de los derechos».
Refirió que las autoridades deben actuar para dar sentido, vigencia y garantía a los derechos humanos. Expresar un compromiso con su respeto no es suficiente para dotar de pertinencia y viabilidad las políticas que se adopten y las acciones que se implementen. La verdad no se construye y determina mediante el discurso o los dichos. Son los hechos, la evidencia concreta y objetiva que dirá el grado de compromiso y respeto con los derechos humanos. México y su sociedad necesitan respuestas y verdad, no retórica y posverdad. La evidencia objetiva, los datos duros y verificables y la conformidad con el derecho deben considerarse y fundamentar el debate nacional por encima de postulados ideológicos o políticos cuyo único sustento es el discurso.
La subsistencia de nuestra democracia y la vigencia de nuestros derechos depende de que las y los mexicanos estemos veraz y debidamente informados sobre las acciones de gobierno y el desarrollo de la actividad pública. La información y la transparencia son derechos que deben preservarse y fortalecerse. Es prioritario generar un entorno propicio para el ejercicio de la labor periodística y la defensa de los derechos humanos, lo cual pasa por promover el respeto hacia las mismas, reconocer su importancia en una sociedad democrática y evitar su estigmatización o pretender descalificarlas. Tan sólo en lo relativo a la violencia en contra de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos, durante los primeros meses de 2019 se han registrado 12 casos de homicidios, mismos en los que no debe existir la impunidad, que es una constante, para la mayoría de los casos registrados en los años anteriores.
En su mensaje, al referirse al tema de seguridad y justicia, el Ombudsperson mencionó que bastaría un somero análisis de los hechos que posibilitan o propician las cadenas de ilegalidad e impunidad en nuestro país, para advertir que por mejor capacitado y equipado que esté un cuerpo que asuma funciones policiales, su repercusión práctica en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la materialización del acceso a la justicia será mínima, en tanto la ley no se aplique y los delitos no se investiguen de manera debida, oportuna y profesional. En su concepción actual, la Guardia Nacional en el ámbito del combate a la criminalidad, sólo puede implicar disuasión o contención, con efectos limitados y de corto plazo. Poco o nada se abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente, si no abordamos temas como la operación y autonomía de las 33 Fiscalías Generales en el país.
Es claramente posible y compatible la observancia del Estado de Derecho, así como la prevención y persecución efectiva de los delitos con el respeto a los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos no promueve el incumplimiento de la ley o que la misma sea objeto de negociación. Por el contrario, solo en el marco de la ley los derechos humanos se pueden materializar y ser vigentes. Todas las personas, incluidas aquellas que han cometido alguna conducta ilícita, así como las autoridades involucradas en la procuración e impartición de justicia tienen derechos humanos, mismos que se deben respetar y garantizar en el marco de la ley. En la medida en que las autoridades ejerzan sus obligaciones conforme lo mandatan las normas y sean respetuosas de la dignidad de las personas, su conducta no podrá ser cuestionada por resultar violatoria de los derechos humanos.
Reconoció que las graves deficiencias y omisiones por autoridades en el pasado sirven para explicar la situación actual, pero no para justificar que no se actúa o pretender desviar la atención de los verdaderos problemas de fondo. La autoridad que actuó indebidamente debe ser investigada y sancionada, y la autoridad que no actúa procurando respeto y vigencia de esos derechos, y al marco jurídico vigente, viola derechos humanos y genera responsabilidades de índole diverso. Señaló que la impunidad no es cosa del pasado sino problema presente, límite y obstáculo para el desarrollo social y económico, y uno de los retos más grandes que México debe enfrentar si de verdad se aspira a ser un país de leyes y de derechos para todas y todos. La observancia de las leyes no puede buscarse vulnerando las propias leyes.
Esta necesidad de legalidad, pasa también por los reclamos de que se realicen las consultas previas, libres, informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas, conforme a estándares internacionales, respecto de los proyectos y acciones que puedan vulnerar derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Toca también la necesidad de que se aborde el tema de la migración desde una perspectiva integral, que sin violentar el respeto de los derechos humanos permita contar con una legislación y políticas que den certidumbre y definan responsabilidades y derechos, tanto de autoridades como de las personas en condición de migración
ante su ingreso y paso por nuestro país, generando que se adopten las previsiones presupuestarias y administrativas para su vigencia e implementación efectiva.
La CNDH, dijo Raúl González Pérez, ha sido, y es, una institución autónoma del Estado, independiente de gobiernos, partidos, intereses políticos o de cualquier otra índole, cuya vocación y justificación última está en el servicio a México y a las y los mexicanos, que ha acompañado a las víctimas y ejercido su papel como un contrapeso institucional ante los abusos de poder, proporcionando una vía a todas las personas para que sus derechos se defiendan y protejan.
