Redacción
Tlaxcala, Tlax; a 3 de febrero de 2017.- La defensa de los policías estatales acreditables que fueron acusados de presunto secuestro reveló que dos de los indiciados ya alcanzaron su libertad en Tlaxcala, tras la intervención de organismos internacionales.
Se trata del ex director de la corporación, José Jorge López Pérez y Patricia Águila Hernández, quienes según la fuente abandonaron las instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, en donde se encontraban encarcelados desde hace dos años.
Permanecen en reclusión Juan Carlos Yáñez Osornio, Abel Hernández Pérez, Efrén Rodríguez Mariano, Gema Clara Badillo Lara y Luis Héctor Grande Tlapale, quienes aún permanecen encarcelados.
Luego de dos años de lucha en los juzgados, familiares y abogado del exdirector de la Policía Estatal Acreditable en Tlaxcala, José Jorge López Pérez, llevaron a tribunales internacionales, en relación al caso de los siete policías detenidos hace dos años en el municipio de Apetatitlán bajo el delito de Secuestro Exprés.
Jorge López hijo, acusó a las autoridades de la Procuraduría Estatal de Justicia en Tlaxcala que encabezaba la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez, de haber torturado y lastimado a su padre para que éste, firmara una declaración a manera de confesión, sin embargo no lo lograron.
Dijo, que inmediatamente después de que tuvo conocimiento de la detención, buscó directamente al entonces Comisionado Estatal de Seguridad Orlando May Zaragoza Ayala, quien le pidió disculpas por encontrarse imposibilitado para darle información ya que desconocía la razón de la detención. -Estoy muy apenado con tu familia dijo Ayala en el encuentro.
Posteriormente en compañía de su abogado el Licenciado Aarón Cornelio Guerrero Urquiza, acudieron a la PGJE para brindar asistencia legal a su padre, pero les fue negado el acceso al abogado y a su hijo, de manera personal por la procuradora Alicia Fragoso Sánchez quien les exigió que se retiraran.
Fue hasta las veinte horas del día 23 de Enero, que acompañado del visitador de derechos humanos, lograron acceder al área de detenidos, donde pudieron constatar de la presencia de José Jorge López Pérez, quien cojeaba y se quejó de tortura por parte del comandante de la policía ministerial en turno y del sub procurador Víctor Pérez Dorantes para obligarlo a firmar una declaración preparada, misma que dijo era con la finalidad de incriminarlo en hechos delictivos.
A pesar de no existir una orden de aprensión, ni pliego de consignación, ni mucho menos señalamiento o denuncia de los supuestos secuestros exprés que se le imputan, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala llevo a cabo esta detención, misma que es totalmente ilegal, señaló el abogado.
Aunado a las diversas irregularidades en la detención de los siete elementos en este caso, el visitador de los Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, dejó constancia en los dictámenes médicos de diversas lesiones físicas en los siete coprocesados.
Por lo que el abogado de José Jorge López Pérez, el licenciado Aarón Cornelio Guerrero Urquiza, aseguró que será presentada una queja por tortura ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Abogado narró que José Jorge López Pérez fue golpeado, lo desnudaron y lo sacaron así, desnudo, de las instalaciones de la procuraduría y puesto en sus rodillas le apuntaron con un arma para obligarlo a firmar y aceptar la declaración.
Posteriormente, lo regresaron al área de seguridad de la Procuraduría de Justicia en el Estado, le pusieron un trapo mojado en la boca para asfixiarlo, lo golpearon en la cabeza y le dieron descargas eléctricas en los testículos.
Esto habría sucedido en más de tres ocasiones, según el Defensor, quien también confirmó que los otros detenidos sufrieron lesiones por parte de los elementos de la policía ministerial, tal es el caso del Policía Acreditable Abel Hernández Pérez, quien se encuentra perdiendo la vista y el sentido del oído por los daños causados durante la tortura.
En las constancias del juzgado ya se encuentra asentado por parte de los siete elementos policiacos, la declaración en la que acusan a elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y al sub procurador de haberlos torturado en repetidas ocasiones para obligarlos a firmar una declaración que los autoincriminaba y que ya se encontraba previamente redactada, sólo a la espera de la firma de los detenidos.