Se aprueba el Fondo de Pensiones para el Bienestar en la Cámara de Diputados ¿Una verdadera expropiación a jubilados?
Por Dafne Ortiz
El 22 de abril del presente año, en la Cámara de Diputados quedó aprobado el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones secundarias para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar; con 252 votos a favor, 212 en contra y 4 abstenciones; la disposición quedará publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023.
Esta disposición permite que todos los trabajadores que se jubilaron a partir de 1997, tengan el beneficio de poder recibir el 100% íntegro de sus Afores (Fondos para el Retiro); debido que antes de esta fecha se podía jubilar con el 100%; es decir, si ganabas 50,000 mil, te retirabas con ese total. Sin embargo, en los gobiernos de Zedillo y Calderón, se reformaron las leyes en las que permitió que otras empresas privadas pudieran ofrecer cuentas individuales que fueron administradas por las Afores; y ellas sólo liberaban el 30% de lo que ganabas para tu retiro.
En 2020 también se postuló una reforma que obligaba a las Afores a disminuir el porcentaje de comisión, logrando aumentar un poco más el saldo de retiro para los jubilados; no obstante, no era suficiente el aumento que se logró y, bajo esta nueva reforma del Fondo de Pensiones para el Bienestar se buscó el 100%.
Además, el Fondo contará con diversas fuentes de financiamiento como los organismos que maneja la Sedena y la Marina (Mexicana de aviación, Tren Maya, Ferrocarril Interoceánico, por mencionar algunas); así como de los ingresos de incautaciones hechas y que son restituidas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Ahora bien, dentro de los financiamientos también está la controversial medida que implica tomar el activo de las cuentas de Afores que estén inactivas. Recapitulando que esos Afores son aquellas que administran las empresas privadas que ofrecen las cuentas individuales; actualmente, tienen activos netos administrados de 6 billones de pesos en cuentas de ahorro; y de ese total el 0.4% corresponde a cuentas abandonadas más de diez años; y en esta ley se obliga a las afores el transferir ese total de cuentas abandonadas. Por lo que, hasta el momento se han transferido 946 mdp de las Afores al IMSS; y lo que debían entregar es de 34 mil millones de pesos; mencionó la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde.
Ahora se propone que el total del porcentaje de las Afores abandonadas sea restituido al Fondo de Pensiones para el Bienestar en lugar del IMSS; además que se ofrece la garantía que cuando el pensionado que desconocía de su Afore, o el beneficiario haga el trámite para obtenerlo, será devuelto al trabajador, pensionado o beneficiario.
El sistema de Afores funciona estratégicamente, debido a que, el Afore ofrece cuentas individuales que guardan el dinero para el retiro de los trabajadores; y ese dinero es enviado a cuentas de diferentes bancos, las cuales ofrecen una comisión por mantener el dinero (generan un ingreso extra por cantidad de dinero y tiempo que se mantiene cada cuenta). No obstante, ese porcentaje es para la Afore que haya contratado el trabajador y no para el total del monto de jubilación; un tipo esquema piramidal.
Es decir, del 100% que entra a la cuenta del Afore, al ser resguardada por un banco puede generar ingresos y rendimientos al banco que tiene el dinero, llevándose una ganancia que podría ir desde el 10% hasta más del 25%. De esta forma, al tratarse de Afores no reclamadas ya por más de 10 años que se han registrado actualmente, los Afores y sus respectivas empresas se quedan con 5 mil millones de pesos, sólo considerando el 15%.
La verdadera cuestión ante esta situación, y la que se debería de cuestionar es ¿realmente el gobierno esta “expropiando” a los jubilados o esta expropiando a las empresas privadas que se quedan con el dinero de los jubilados y/o sus beneficiarios, quienes ponen muchos pasos burocráticos para poder acceder a sus propios ahorros para su retiro? Realmente la problemática no sería las Afores, sino la manera de administración de cada empresa que vela más por sus intereses privados que sobrepone al beneficio de los trabajadores, quienes confían su retiro esperando una jubilación digna y por la que trabajaron.